Suiza, Colombia y Japón se caracterizan por alcanzar altos niveles de desarrollo en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en sus respectivas regiones. Dentro de sus características comunes se encuentran:
• El establecimiento de la política de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) como base de los sistemas de gestión.
• El desarrollo de un marco normativo que define los actores involucrados y sus responsabilidades.
• La definición de los aparatos sujetos a las leyes y normativas de reciclaje.
• La libertad otorgada a los productores para definir los sistemas de gestión que les permitan cumplir sus obligaciones.
• El desarrollo de sistemas de gestión que están estrechamente asociados con industrias específicas, de modo que respondan a las necesidades particulares de estas industrias o empresas.

Los sistemas de gestión implementados en estos tres países presentan también ciertas diferencias. Una de las principales diferencias identificadas tiene relación con la existencia o inexistencia de tarifas que financian los sistemas de gestión y con el momento en que estas son aplicadas. En este sentido, hay tarifas que son aplicadas en el momento de la venta de productos, como ocurre en Suiza, y tarifas pagadas en el momento de la entrega de los RAEE, como ocurre en Japón y Colombia para grandes electrodomésticos. Además, hay casos en los cuales no existen cobros asociados al tratamiento de los RAEE, como en los pequeños electrodomésticos de Japón.

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Por otra parte, en Japón y Suiza la valorización de los RAEE es realizada dentro de los países porque cuentan con las tecnologías necesarias para hacerlo. Sin embargo, en Colombia los procesos de desmontaje son básicamente de tipo manual y las partes recuperadas son exportadas para su valorización.

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47429/1/S2100496_es.pdf

Para que el Estado español pueda cumplir con la legislación europea en materia de residuos municipales hay que tener en cuenta las siguientes deficiencias:

a) Los planes de residuos de las comunidades pueden no estar directamente alineados con las obligaciones nacionales.
b) Progresos lentos en la adopción de sistemas de recogida selectiva más eficaces, en particular de residuos orgánicos.
c) Escaso rendimiento de las plantas de tratamiento mecánico-biológico (MBT).
d) Falta de aplicación de instrumentos económicos en la gestión de residuos.
e) Falta de rigor en los datos para la presentación de informes.
f) Falta de coordinación y cooperación en los envíos de residuos entre comunidades.

Por tanto, las medidas más importantes que habría que tomar serían:

• Introducción de un impuesto nacional al vertido de residuos municipales.
• Introducción de la prevención y la gestión de residuos orgánicos en los planes de las comunidades autónomas.
• Vincular de forma progresiva los costes de gestión a la generación, y asegurar que las actividades comerciales cubren el coste de la gestión de sus residuos.
• Mejora y creación de nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor: expandir esta responsabilidad a nuevos flujos de residuos (muebles, textiles, productos sanitarios y de higiene…), introducir criterios de ecodiseño (durabilidad de los productos, reciclabilidad…) o considerar la implementación de sistemas de depósito y devolución.
• Recopilar, comparar y armonizar los métodos de cálculo de residuos municipales orgánicos enviados a vertedero.
• Abordar las causas de la inconsistencia entre los balances de masa reportados por las plantas de tratamiento y por la recogida municipal de residuos.
• Control efectivo de los flujos internacionales de residuos.

Fuente: https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/framework/facsheets%20and%20roadmaps/Roadmap_Spain.pdf

La asociación WEEE Forum se fundó en 2002 y está formada por 43 organizaciones de responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos de todo el mundo. Los sistemas colectivos (SCRAP) españoles que pertenecen a WEEE Forum son Ecolec, Ecotic y Recyclia. Aunque la primera edición tuvo lugar el 13 de octubre de 2018, finalmente la asociación estableció el 14 de octubre como el Día Internacional de los RAEE, con acciones para promover la recogida, reparación, reutilización o reciclaje de estos residuos. Partiendo de las más de 50 empresas de 30 países que participaron al principio, los números se han ido incrementando año tras año. Este año, el Día Internacional de los RAEE se centrará en el papel crucial que cada uno de nosotros tiene para hacer realidad la circularidad de los equipos eléctricos y electrónicos. Porque si los depositamos en el lugar correcto cuando ya no nos sirven, evitamos que contaminen y que se salgan del círculo económico donde todo se aprovecha.

Según un estudio encargado por el Parlamento Europeo, en la Unión Europea la demanda de ordenadores personales y tabletas aumentó un 4,6% interanual hasta diciembre de 2020. En este contexto, es aún más importante concienciar a los usuarios sobre las opciones que existen para estos dispositivos al final de su vida útil.

Las actividades del Día Internacional de los RAEE han sido desde conferencias hasta concursos y juegos, pasando por campañas de recogida en colegios y ciudades. Esta edición pondrá de manifiesto que el consumidor es la clave de la economía circular, en la que los residuos son considerados valiosos recursos.

Fuente: https://weee-forum.org/iewd-about/

En Australia cuentan con un Plan Nacional de Reciclaje de Televisores y Ordenadores (National Television and Computer Recycling Scheme) desde 2011, con el objetivo de evitar que televisores, ordenadores, impresoras y periféricos informáticos vayan a parar a los vertederos.

En la cúspide de la industria de reciclaje, opaca por definición, se encuentran cuatro organizaciones o SCRAP (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor) que sirven de enlace entre los fabricantes de aparatos que financian el sistema y el gobierno. Estas organizaciones son las encargadas de supervisar el trabajo de los recicladores, pero también hacen las veces de recicladores de tal modo que sus obligaciones se solapan y confunden.

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Australia no tiene apenas capacidad para procesar estos aparatos por lo que, una vez recogidos por el sistema, los componentes (placas de circuitos, plástico y vidrio) se enviaban hasta hace poco al extranjero.

Los problemas de trazabilidad, transparencia y aplicación de la ley se hicieron patentes cuando en 2017 la Basel Action Network (BAN) intentó averiguar a dónde iban exactamente los RAEE de Australia. Para ello acoplaron receptores GPS en 35 viejos televisores de tubo, monitores planos e impresoras. Y vieron que tres pantallas LCD depositadas en Brisbane llegaban a un almacén en Hong Kong y luego a un vertedero ilegal en una zona rural de Tailandia, donde se abrieron paso hasta el interior.

Actualmente, la prioridad para Australia es crear una verdadera economía circular capaz de convertir los móviles desechados en oro, las placas base de los portátiles en encimeras de cocina y los paneles solares en bloques de construcción.

Fuente: https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/22/going-to-e-waste-australias-recycling-failures-and-the-challenge-of-solar

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dedica un título a la “Responsabilidad ampliada del productor del producto” (RAP). En él se explica que en aplicación del principio de «quien contamina paga» la persona física o jurídica que fabrique, importe o adquiera en otros estados miembros de la Unión Europea, tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión de los residuos que proceden de sus productos. La RAP abarca todo el ciclo de vida del producto, desde su fabricación hasta que se convierte en residuo. La primera vez que se estableció la responsabilidad del productor en la gestión de residuos fue en la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003.

La responsabilidad ampliada del productor es un medio para estimular la prevención, el ecodiseño y la reciclabilidad de los productos, y para ello comprende una serie de obligaciones, que se asumen a través de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada (SRAP). Estas obligaciones son, fundamentalmente, relativas a la prevención, puesta en el mercado y a la recogida de residuos (con una cantidad mínima exigida). La responsabilidad ampliada del productor se aplica actualmente a diversos flujos presentes en los residuos tales como envases, RAEEs, pilas y acumuladores, aceite, neumáticos, etc.

Una sociedad consumista como la nuestra lleva aparejada un peligroso incremento de residuos. Cuanto más se consume, más basura se genera. Y esos residuos se han convertido en un problema medioambiental de primer orden, por eso su gestión eficiente es fundamental. Hay muchas soluciones para resolver este problema, y la lucha contra las importaciones y las exportaciones fraudulentas de productos sometidos a responsabilidad ampliada del productor es una de ellas.

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) fue el mecanismo, surgido en los años ’90, que serviría para financiar la gestión adecuada de cierto tipo de residuos. Los objetivos de reciclaje han sido siempre los principales motores de las políticas de RAP. Sin embargo, tras más de veinte años de implementación, no han proporcionado incentivos suficientes para que los productores aumenten la reutilización y reciclabilidad de sus productos. En este sentido, la RAP tiene verdadero éxito cuando estimula el diseño de productos más ecológicos; pero esto solo puede ocurrir cuando una empresa tiene responsabilidad financiera individual y paga la gestión de sus propios productos al final de su vida útil.

Hay estudios que sugieren que el desarrollo de esquemas colectivos –que colectivizan las responsabilidades individuales de diferentes productores– ha tenido el efecto de “promediar” las tasas de los SIG entre los productores, desincentivando así los esfuerzos individuales por el ecodiseño. La mayoría de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) tienen una tasa común para todos sus miembros productores que puede incluir diferencias, normalmente según el uso de materiales y su valor final. Pero hay tres aspectos clave que los SCRAP tendrían que tener en cuenta a la hora de establecer sus tasas de manera individualizada:

a) Bonificación / penalización según el uso de materiales reciclados.
b) Bonificación / penalización según la posterior reciclabilidad y reutilización.
c) Bonificación / penalización según la toxicidad de los residuos.

Además, solo los costes de recogida y tratamiento están cubiertos adecuadamente por los sistemas de RAP. En la mayoría de los casos, la recolección de residuos mezclados queda fuera del ámbito de aplicación de los sistemas de RAP.

Fuente: http://www.agorarsc.org/wp-content/uploads/2015/10/EPR-web-upload.pdf

Si se pusieran en práctica las siguientes medidas, aumentarían las tasas de reciclaje de residuos:

1. Imponer una mayor carga impositiva a las empresas y/o productos que usen fundamentalmente materia virgen, y que depositen sus residuos en los vertederos. Y, al contrario, reducirla a las empresas y/o productos que promuevan la circularidad, usando materias primas recicladas o estén fabricados con materiales desechados.
2. Facilitar el comercio internacional de materias primas secundarias.
3. Implantar sistemas de responsabilidad ampliada del productor de aquellos productos que más contaminen el medio ambiente.
4. Fomentar el diseño que facilite la reciclabilidad al final de la vida útil de los productos. Ejemplos: que usen una única materia prima, incorporen una parte de materia prima reciclada, puedan descomponerse con microorganismos y, en definitiva, faciliten su clasificación y reciclaje una vez convertidos en residuos.
5. En relación con el anterior, destacar la importancia del análisis de ciclo de vida (ACV) de los productos. Este debería incluir información sobre la transmisión de sustancias químicas en los artículos reciclados y sobre el posible impacto de cada materia prima reciclable o reciclada.
6. Aplicar descuentos a los consumidores que entreguen los artículos desechados en las tiendas donde los adquirieron.
7. Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre residuos mediante penalizaciones fiscales e impidiendo que las empresas sancionadas puedan obtener financiación pública.
8. Aumentar los recursos humanos que deben monitorizar el cumplimiento de la normativa.
9. Exigir a estados y empresas que usen materiales sostenibles que puedan ser utilizados de nuevo.
10. Imponer cuotas mínimas de mercado para productos que contengan un porcentaje de materia prima reciclada.

Fuente: https://pinkermoda.com/recomendaciones-life-ecotex-a-comision-europea/

La práctica de recoger o comprar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y manipularlos junto con la chatarra metálica es, lamentablemente, muy común en todo el mundo. No es lo deseable porque esta práctica da lugar a problemas ambientales, de salud y de seguridad, ya que los RAEE pueden incluir sustancias peligrosas que deben extraerse y tratarse adecuadamente.

Además, el cumplimiento del objetivo mínimo de recogida de RAEE ha demostrado ser extremadamente difícil para la mayoría de los estados de la Unión Europea debido a la existencia de estos flujos de RAEE no oficiales.

¿Por qué sucede esto?

Principalmente porque los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de los productores (SCRAP) carecen de las competencias y la autoridad para acceder a los datos de las instalaciones. Por lo tanto, no hay casi información fiable sobre las toneladas de RAEE afectadas por estas prácticas. Ni siquiera hay una metodología apropiada y armonizada para reunir datos sobre la cantidad de RAEE que desaparece en el flujo de chatarra metálica.

¿Cómo solucionar esto?

➢ Prohibiendo la práctica de comprar y tratar chatarra metálica que contenga RAEE, a no ser que sean tratados y procesados en instalaciones autorizadas.
➢ Inspeccionando y sancionando a las instalaciones que tratan RAEE y solo están autorizadas para tratar chatarra metálica.
➢ Estableciendo procedimientos fiables de recogida de datos para estimar los RAEE contenidos en la chatarra.
➢ Asegurando que los RAEE que siguen estas rutas puedan ser vigilados adecuadamente obligando al sector de la chatarra que informe sobre sus procesos y volúmenes.

Fuente: https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2020/10/WEEE-in-Metal-Scrap_Issue-paper_Draft_v7_Final.pdf

El mercado de la electrónica de consumo no cesa de expandirse, los ciclos de innovación se hacen más breves y la sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo rápidamente a los aparatos eléctricos y electrónicos en una creciente fuente de residuos. Además, los componentes peligrosos contenidos en ellos constituyen un problema importante durante la fase de gestión de los residuos. Estos productos vendidos en la Unión Europea están sujetos a la responsabilidad ampliada del productor, al que se obliga a hacerse cargo de esos futuros residuos. Para ello, el productor debe estar establecido en el Estado miembro que venda, o de lo contrario, deberá nombrar a un representante autorizado que se responsabilice del cumplimiento de sus obligaciones in situ.

En los artículos 16 y 17 de la DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), viene descrita la figura del representante autorizado. Los Estados miembros se asegurarán de que cada productor o su representante autorizado esté registrado y tenga la posibilidad de introducir en línea en el registro nacional toda la información pertinente de forma que se reflejen las actividades de dicho productor en dicho Estado miembro. Es decir, el productor o su representante deben estar registrados como tales en ese país y hacer las declaraciones pertinentes de los productos que ponen en el mercado. También se detalla quién es exactamente el productor: cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada,
a) fabrique AEE bajo su propio nombre o su propia marca, o los diseñe o fabrique y comercialice bajo su nombre o marca,
b) revenda bajo su propio nombre o su propia marca aparatos fabricados por terceros, sin que pueda considerarse «productor» al vendedor si la marca del productor figura en el aparato,
c) se dedique profesionalmente a la introducción en el mercado de AEE procedentes de terceros países o de otro Estado miembro.

Más información y consultas.

Texto completo de la DIRECTIVA 2012/19/UE

El gobierno de Kenia prohibirá la importación de aparatos eléctricos o electrónicos de segunda mano en 2020. La medida estará incluida en el Reglamento de Responsabilidad Extendida del Productor, que entrará en vigor previsiblemente en marzo.

El problema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Kenia se ha ido agravando con el tiempo, con la particularidad de que la mayoría proviene de países desarrollados aunque camuflados como productos usados que pueden tener una segunda vida en el país africano. Ese es el resquicio que aprovechan esos países para un traslado de residuos que está expresamente prohibido por el Convenio de Basilea. La mayoría de estos dispositivos son importados como donaciones a escuelas e instituciones.

Se prevé que una vez comience la prohibición, los kenianos de bajos ingresos serán los más afectados porque se verán obligados a comprar nuevos dispositivos a un coste mayor. También está previsto que quienes vendan equipos no biodegradables se adhieran al sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), de manera que al comprar un aparato se cobre una cantidad que será reembolsada al desecharlo en el lugar adecuado o comprar uno nuevo. Pretenden que las compañías implicadas establezcan centros de recogida separada de RAEE como parte de la solución al problema. Actualmente Kenia ni siquiera tiene datos precisos del RAEE que genera, pero sí han calculado que recogen unas 25 toneladas mensuales teniendo capacidad para recoger 100.

Fuente: https://innovation-village.com/kenya-to-ban-importation-of-second-hand-electronic-gadgets-in-2020/