Reciclar consiste en aprovechar al máximo posible algo que se desecha. Según la naturaleza de ese residuo se recicla de una manera o de otra, para lo cual es necesaria una separación previa. Como consecuencia luego tiene que haber una recogida selectiva. Dividiendo los residuos es como más rendimiento se obtiene de ellos y la manera de evitar que se desperdicien en un vertedero.

En España, esta selección de residuos está ligada a un Sistema Integrado de Gestión o Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, es decir, una organización que se encarga de la recogida de unos tipos concretos de residuos: vidrio, papel, envases, neumáticos, aceite, baterías, aparatos eléctricos o electrónicos… El SIG o SCRAP se financia a través de un sobrecoste aplicado al producto nuevo, y que se calcula en base al valor estimado de todo el ciclo hasta su valorización o tratamiento último. Hay que tener en cuenta que en este coste hay que hacer frente al denominado residuo histórico, difícilmente cuantificable en muchos casos.

Pero ¿cuánto debe pagar el productor que pone en el mercado ese residuo por su reciclaje? La respuesta no es sencilla. Los sistemas de gestión tienen en cuenta muchos factores y especialmente, los atributos del residuo en cuestión, como su peso, volumen, composición, procesos para su valorización y tratamiento, residuo histórico, etc.

Esta extraordinaria complejidad ha hecho necesaria la implementación de avanzadas fórmulas de análisis de datos históricos, datos obtenidos en tiempo real, tendencias, estadísticas de productos y materiales, etc. que sirven para modelizar los costes aplicables en cada momento. Estos costes también se ven afectados directamente por variables de mercado como son los precios de los carburantes, así como la propia fluctuación de la cotización de los materiales recuperados.

El reto derivado de las exigentes normativas de la gestión selectiva de residuos, y la aparición progresiva de SIG en las diferentes categorías de residuos, es una realidad creciente.