La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) fue el mecanismo, surgido en los años ’90, que serviría para financiar la gestión adecuada de cierto tipo de residuos. Los objetivos de reciclaje han sido siempre los principales motores de las políticas de RAP. Sin embargo, tras más de veinte años de implementación, no han proporcionado incentivos suficientes para que los productores aumenten la reutilización y reciclabilidad de sus productos. En este sentido, la RAP tiene verdadero éxito cuando estimula el diseño de productos más ecológicos; pero esto solo puede ocurrir cuando una empresa tiene responsabilidad financiera individual y paga la gestión de sus propios productos al final de su vida útil.
Hay estudios que sugieren que el desarrollo de esquemas colectivos –que colectivizan las responsabilidades individuales de diferentes productores– ha tenido el efecto de «promediar» las tasas de los SIG entre los productores, desincentivando así los esfuerzos individuales por el ecodiseño. La mayoría de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) tienen una tasa común para todos sus miembros productores que puede incluir diferencias, normalmente según el uso de materiales y su valor final. Pero hay tres aspectos clave que los SCRAP tendrían que tener en cuenta a la hora de establecer sus tasas de manera individualizada:
a) Bonificación / penalización según el uso de materiales reciclados.
b) Bonificación / penalización según la posterior reciclabilidad y reutilización.
c) Bonificación / penalización según la toxicidad de los residuos.
Además, solo los costes de recogida y tratamiento están cubiertos adecuadamente por los sistemas de RAP. En la mayoría de los casos, la recolección de residuos mezclados queda fuera del ámbito de aplicación de los sistemas de RAP.
Fuente: http://www.agorarsc.org/wp-content/uploads/2015/10/EPR-web-upload.pdf