Con el incesante aumento de los residuos eléctricos y electrónicos, han proliferado en nuestro país las plantas de tratamiento de tipologías especiales de estos residuos, proporcionando una infraestructura suficiente o incluso sobredimensionada. De esta forma, existe un sector del reciclaje de RAEE que gestiona de forma correcta aquellos residuos que tienen valor económico (normalmente metálicos), pero evitando entrar bajo el control de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), controlados por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos. Se estima que este sector sin convenio gestiona dos tercios de los RAEE en España. También incluye una pequeña fracción que es exportada ilegalmente como aparatos de segunda mano, encubriendo así la exportación de residuos, en ocasiones peligrosos, a países en vías de desarrollo.

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De esta forma, solo un tercio sería reciclado bajo los SCRAP y, por lo tanto, financiados por la llamada ecotasa. La ecotasa supuso una oportunidad para la distribución y los productores de convenir un aumento de los precios de los productos tomando como excusa propiciatoria su futuro reciclaje. Lo cierto es que actualmente tan solo un 21% de lo cobrado por esa tasa se emplea en el reciclaje. Desde 2009, las Comunidades Autónomas solo admiten como válidos los datos de RAEE recogidos en puntos limpios municipales o de la distribución (sistema 1×1), por considerarse los únicos orígenes controlados. Así fue como España dejó de cumplir “oficialmente” el objetivo de recogida de RAEE, aunque de facto sí se está llevando a cabo un reciclaje informal y cotizado.

 Fuente: http://eprints.ucm.es/40706/1/T38196.pdf