El Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, prohibía desde su entrada en vigor en 1992 la exportación e importación de residuos contaminantes. La prohibición tenía efecto inmediato para los residuos destinados a ser eliminados y a partir de 1997 para los residuos destinados a ser reciclados. Es el acuerdo ambiental mundial más exhaustivo en materia de residuos, y actualmente ha sido ratificado por 183 países entre los que no están Estados Unidos, que simplemente lo ha firmado.

¿A qué países se exportan estos contaminantes?

Sin embargo, hay evidencias de tráfico ilegal de desechos electrónicos entre los países más desarrollados y menos desarrollados desde 2001 hasta la actualidad. Ghana, Nigeria, China, India y Pakistán son los grandes receptores de esta “mercancía de segunda mano”, enviada con la excusa de reducir la brecha digital entre Norte y Sur. Organizaciones y administraciones públicas envían toda clase de material informático para contribuir al desarrollo tecnológico de los países más desfavorecidos. Pero la prioridad en ellos no es tener un ordenador, sino sobrevivir.

En la Unión Europea, cuyos países miembros han ratificado el convenio, la legislación especifica que los productos son reutilizables si son testados para asegurar su funcionamiento y van correctamente embalados y etiquetados. Aun así, se estima que entre el 25% y el 75% de la mencionada mercancía exportada (uno de cada tres contenedores según las inspecciones aduaneras) está destrozada y no puede ser reutilizada.

El Convenio de Basilea, aunque necesario, se ha mostrado no del todo eficaz a la hora de evitar el llamado “dumping” medioambiental. Hace un año que se aprobaron una serie de directrices técnicas destinadas a ayudar a los países a mejorar la gestión de flujos de residuos críticos, además de unas directrices adicionales sobre los movimientos transfronterizos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.