El código LER está formado por seis números que identifican de forma única al residuo según la Lista Europea de Residuos. Para el código combinado LER-RAEE se añaden dos dígitos que indican la categoría del aparato del que procede el residuo y su tipo de tratamiento específico. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se dividen en las siguientes fracciones de recogida (FR):

Los RAEE de las fracciones de recogida 1, 2, 4 y 7 serán adecuadamente identificados a través de etiquetas con lectura electrónica, o instrumentos similares, que garanticen su trazabilidad. En el caso de los RAEE pertenecientes a las fracciones de recogida 3, 5 y 6 la identificación de lectura electrónica se aplicará del mismo modo que en el caso anterior, o a través del etiquetado de contenedores o sistemas de agrupación utilizados en la recogida y transporte. En cualquier caso, el código LER-RAEE aparecerá en los documentos de traslados recogidos en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

* El asterisco indica que es peligroso

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, estableció por primera vez la llamada jerarquía de los residuos. El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y la gestión de los residuos para la salud humana y el medio ambiente. La política en materia de residuos debe tener también por objeto reducir el uso de recursos y favorecer la aplicación práctica de la jerarquía de residuos.
La jerarquía de residuos establece en general un orden de prioridad de lo que constituye la mejor opción global para el medio ambiente en la legislación y la política en materia de residuos:

Esta pirámide entronca además con la conocida regla de las tres erres (3R):

La Iniciativa 3R surgió en Japón en 2002 y fue difundida en la cumbre del G8 de junio de 2004, con el fin de promover a nivel mundial una sociedad orientada al reciclaje, que utilizara de manera eficaz los recursos y materiales. Reducir y reutilizar corresponden al productor y al consumidor; y reciclar, recuperar y eliminar corresponden al gestor.

Para que el Estado español pueda cumplir con la legislación europea en materia de residuos municipales hay que tener en cuenta las siguientes deficiencias:

a) Los planes de residuos de las comunidades pueden no estar directamente alineados con las obligaciones nacionales.
b) Progresos lentos en la adopción de sistemas de recogida selectiva más eficaces, en particular de residuos orgánicos.
c) Escaso rendimiento de las plantas de tratamiento mecánico-biológico (MBT).
d) Falta de aplicación de instrumentos económicos en la gestión de residuos.
e) Falta de rigor en los datos para la presentación de informes.
f) Falta de coordinación y cooperación en los envíos de residuos entre comunidades.

Por tanto, las medidas más importantes que habría que tomar serían:

• Introducción de un impuesto nacional al vertido de residuos municipales.
• Introducción de la prevención y la gestión de residuos orgánicos en los planes de las comunidades autónomas.
• Vincular de forma progresiva los costes de gestión a la generación, y asegurar que las actividades comerciales cubren el coste de la gestión de sus residuos.
• Mejora y creación de nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor: expandir esta responsabilidad a nuevos flujos de residuos (muebles, textiles, productos sanitarios y de higiene…), introducir criterios de ecodiseño (durabilidad de los productos, reciclabilidad…) o considerar la implementación de sistemas de depósito y devolución.
• Recopilar, comparar y armonizar los métodos de cálculo de residuos municipales orgánicos enviados a vertedero.
• Abordar las causas de la inconsistencia entre los balances de masa reportados por las plantas de tratamiento y por la recogida municipal de residuos.
• Control efectivo de los flujos internacionales de residuos.

Fuente: https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/framework/facsheets%20and%20roadmaps/Roadmap_Spain.pdf

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados dedica un título a la “Responsabilidad ampliada del productor del producto” (RAP). En él se explica que en aplicación del principio de «quien contamina paga» la persona física o jurídica que fabrique, importe o adquiera en otros estados miembros de la Unión Europea, tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión de los residuos que proceden de sus productos. La RAP abarca todo el ciclo de vida del producto, desde su fabricación hasta que se convierte en residuo. La primera vez que se estableció la responsabilidad del productor en la gestión de residuos fue en la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003.

La responsabilidad ampliada del productor es un medio para estimular la prevención, el ecodiseño y la reciclabilidad de los productos, y para ello comprende una serie de obligaciones, que se asumen a través de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada (SRAP). Estas obligaciones son, fundamentalmente, relativas a la prevención, puesta en el mercado y a la recogida de residuos (con una cantidad mínima exigida). La responsabilidad ampliada del productor se aplica actualmente a diversos flujos presentes en los residuos tales como envases, RAEEs, pilas y acumuladores, aceite, neumáticos, etc.

Una sociedad consumista como la nuestra lleva aparejada un peligroso incremento de residuos. Cuanto más se consume, más basura se genera. Y esos residuos se han convertido en un problema medioambiental de primer orden, por eso su gestión eficiente es fundamental. Hay muchas soluciones para resolver este problema, y la lucha contra las importaciones y las exportaciones fraudulentas de productos sometidos a responsabilidad ampliada del productor es una de ellas.

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) fue el mecanismo, surgido en los años ’90, que serviría para financiar la gestión adecuada de cierto tipo de residuos. Los objetivos de reciclaje han sido siempre los principales motores de las políticas de RAP. Sin embargo, tras más de veinte años de implementación, no han proporcionado incentivos suficientes para que los productores aumenten la reutilización y reciclabilidad de sus productos. En este sentido, la RAP tiene verdadero éxito cuando estimula el diseño de productos más ecológicos; pero esto solo puede ocurrir cuando una empresa tiene responsabilidad financiera individual y paga la gestión de sus propios productos al final de su vida útil.

Hay estudios que sugieren que el desarrollo de esquemas colectivos –que colectivizan las responsabilidades individuales de diferentes productores– ha tenido el efecto de “promediar” las tasas de los SIG entre los productores, desincentivando así los esfuerzos individuales por el ecodiseño. La mayoría de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) tienen una tasa común para todos sus miembros productores que puede incluir diferencias, normalmente según el uso de materiales y su valor final. Pero hay tres aspectos clave que los SCRAP tendrían que tener en cuenta a la hora de establecer sus tasas de manera individualizada:

a) Bonificación / penalización según el uso de materiales reciclados.
b) Bonificación / penalización según la posterior reciclabilidad y reutilización.
c) Bonificación / penalización según la toxicidad de los residuos.

Además, solo los costes de recogida y tratamiento están cubiertos adecuadamente por los sistemas de RAP. En la mayoría de los casos, la recolección de residuos mezclados queda fuera del ámbito de aplicación de los sistemas de RAP.

Fuente: http://www.agorarsc.org/wp-content/uploads/2015/10/EPR-web-upload.pdf

Si se pusieran en práctica las siguientes medidas, aumentarían las tasas de reciclaje de residuos:

1. Imponer una mayor carga impositiva a las empresas y/o productos que usen fundamentalmente materia virgen, y que depositen sus residuos en los vertederos. Y, al contrario, reducirla a las empresas y/o productos que promuevan la circularidad, usando materias primas recicladas o estén fabricados con materiales desechados.
2. Facilitar el comercio internacional de materias primas secundarias.
3. Implantar sistemas de responsabilidad ampliada del productor de aquellos productos que más contaminen el medio ambiente.
4. Fomentar el diseño que facilite la reciclabilidad al final de la vida útil de los productos. Ejemplos: que usen una única materia prima, incorporen una parte de materia prima reciclada, puedan descomponerse con microorganismos y, en definitiva, faciliten su clasificación y reciclaje una vez convertidos en residuos.
5. En relación con el anterior, destacar la importancia del análisis de ciclo de vida (ACV) de los productos. Este debería incluir información sobre la transmisión de sustancias químicas en los artículos reciclados y sobre el posible impacto de cada materia prima reciclable o reciclada.
6. Aplicar descuentos a los consumidores que entreguen los artículos desechados en las tiendas donde los adquirieron.
7. Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre residuos mediante penalizaciones fiscales e impidiendo que las empresas sancionadas puedan obtener financiación pública.
8. Aumentar los recursos humanos que deben monitorizar el cumplimiento de la normativa.
9. Exigir a estados y empresas que usen materiales sostenibles que puedan ser utilizados de nuevo.
10. Imponer cuotas mínimas de mercado para productos que contengan un porcentaje de materia prima reciclada.

Fuente: https://pinkermoda.com/recomendaciones-life-ecotex-a-comision-europea/

El Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, hace dos importantes modificaciones al Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y al Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos:

• Autorización de las instalaciones de gestión de residuos de pilas, acumuladores y baterías y de RAEE por las comunidades autónomas.

A. Los titulares de las instalaciones de gestión de residuos de pilas, acumuladores y baterías, que ya dispusieran de una autorización conforme al Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, comunicarán a las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de residuos, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, la incorporación en su autorización de los códigos LER nacionales establecidos en el artículo 3 j), siempre que la misma ya contemple operaciones de gestión de los códigos LER 16 06 04, 16 06 05 y 20 01 34. La comunicación tendrá eficacia desde la fecha de su presentación.

B. Así mismo, los titulares de las instalaciones de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que ya dispusieran de una autorización conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, comunicarán a las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de residuos, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, la incorporación en su autorización de los códigos LER-RAEE 200123*-41*, 160211*-41*, 200136-62 y 160214-62. La comunicación tendrá eficacia desde la fecha de su presentación.

• Adaptación de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor de AEE no selectivos.

Los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor de AEE no selectivos existentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, deberán comunicar dentro del plazo de 6 meses desde la publicación del presente real decreto al órgano competente de la comunidad autónoma, los tipos de aparatos que ponen en el mercado y cuyos residuos organizarán y financiarán. A partir de la fecha de entrada de la comunicación solo podrán organizar y financiar esos residuos, sin perjuicio de posteriores comunicaciones sobre nuevos tipos de aparatos que incorporen al sistema individual.

El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ha incorporado los siguientes artículos en enero de 2021:

• «Artículo 5 bis. Incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Con el fin de lograr los objetivos establecidos en el presente real decreto, las administraciones competentes harán uso de los instrumentos económicos o de otras medidas para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos, entre otros, los contemplados en el anexo IV bis de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, así como en la Ley 22/2011, de 28 de julio.»
• «5. En los traslados realizados desde los distribuidores, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor podrán ser considerados poseedores del residuo a los efectos de actuar como operadores del traslado según lo establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.»
• «3. Los gestores que realicen recogida de RAEE en el marco de los acuerdos con centros de preparación para la reutilización incluirán en las instalaciones de recogida espacios habilitados para los RAEE que puedan ser destinados a la preparación para la reutilización. Los RAEE que se recojan en estas instalaciones se someterán a una revisión previa que priorice la preparación para la reutilización de los RAEE antes de su traslado a las instalaciones de tratamiento.»

En la siguiente tabla se puede ver cómo se categorizan todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) según el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La lista exhaustiva se describe en la guía oficial del Ministerio de Industria.

Las principales novedades para mejorar el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado son:

1. No es traslado de residuos, sino acopio

Los transportes de residuos:
- de empresas de instalación o mantenimiento desde el lugar donde se ha producido hasta su propia instalación
- en los procesos de logística inversa
- por particulares hasta puntos de recogida (por ejemplo, puntos limpios)

2. Operador de traslado

Solamente pueden actuar como operadores de traslados los gestores de un almacén de recogida, en lugar de los productores iniciales de los residuos, cuando agrupan en un mismo vehículo pequeñas cantidades del mismo tipo de residuos para llevarlos a su almacén, para su posterior traslado a una instalación de tratamiento. Los negociantes y agentes podrán ser operadores de traslado siempre que cuenten con una autorización del productor de residuos para poder actuar como tal. En el caso de residuos de competencia municipal, el operador del traslado será la entidad local, la cual podrá autorizar por escrito a la empresa encargada de los servicios de recogida y traslado de estos residuos para que actúe en su nombre como operador de traslado.

3. Contrato de tratamiento

Ahora debe incluir las instalaciones de origen y destino, el tipo de residuos y las condiciones de aceptación. Todos los traslados deberán de incorporar un contrato suscrito entre el operador de traslado y el gestor de una instalación de tratamiento de residuos.

4. Documento de identificación

En los casos de traslados sujetos a notificación previa, el operador de traslado, deberá de remitir el documento de identificación al inicio del traslado a la comunidad autónoma de origen. En los traslados de residuos de competencia municipal que requieren de notificación previa, el documento de identificación será único para varios traslados en los que coincidan el origen y el destino, indicándose la cantidad prevista a trasladar en un mes por vehículo. Cuando el traslado de estos residuos municipales no requiera de notificación previa, el documento de identificación podrá tener validez trimestral.

Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/notasobreaplicacionrddetraslados07-2020_tcm30-509938.pdf