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Garantizar el adecuado tratamiento del residuo

¿Cómo se puede asegurar la correcta descontaminación y tratamiento de los residuos, especialmente de los peligrosos?

Muchos residuos acaban en manos de agentes no autorizados y acaban emitiendo a la atmósfera gases contaminantes, o se arrojan a nuestros campos y ríos millones de kilos de residuos con sustancias tóxicas para el medio ambiente y, por extensión, para la salud de flora, fauna y seres humanos.

Por ello es necesario que el sector de la distribución contribuya a que disminuyan las cantidades de residuos que se desvían hacia circuitos ilegales. También es fundamental la concienciación de la ciudadanía, que tiene el deber de tirar cada residuo en su lugar correspondiente con el fin de facilitar su reciclaje y evitar que contamine.

RAEEgestion

Es necesario que se persiga, se inspeccione y se sancione aquellas irregularidades que se contemplen en todos los lugares donde se descubran. Los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP) deben garantizar un servicio universal y un sistema correcto de tratamiento de los residuos, pudiendo recogerlos en cualquier punto de la geografía española.

Por ejemplo, deberían extenderse los contenedores (de pilas, lámparas, medicamentos, pequeños aparatos eléctricos o electrónicos…) en puntos de venta para recoger de forma selectiva en tiendas, de forma que estas también se comprometan a facilitar la gestión del residuo que los consumidores quieran llevar allí. Todos estos residuos conllevan además la exigencia de la recogida separada, sin mezclar con el resto. La red de las tiendas de distribución (tiendas de electrodomésticos, supermercados, farmacias…) juega un papel fundamental por su proximidad al ciudadano. La recogida de residuos de esta forma permite garantizar la trazabilidad de los residuos, desde que se recogen hasta que se gestionan correctamente.

¿Cuánto RAEE se gestiona correctamente?

En 2015 se gestionó el 38% de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) puestos en el mercado de consumo español, y en Europa el porcentaje de 2013 incluso bajaba al 34%. De ahí que la Unión Europea haya aumentado los mínimos a gestionar correctamente por sus países miembros: a partir de 2016, el índice mínimo de recogida será del 45% de la media del peso total de los equipos introducidos en el mercado en los tres años precedentes. A partir de 2019, el índice de recogida mínimo que deberá alcanzarse anualmente será del 65%.

Según el presidente de OfiRAEE, la Oficina de Coordinación de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de RAEE, en España un tercio de estos residuos está “bajo control y bien gestionado”, otro tercio es administrado por gestores autorizados “que no declaran adecuadamente” y el último tercio “se pierde en los flujos paralelos del mercado ilegal”.

 
Puntos limpios RAEE

Existen ciertas categorías para las que se ha alcanzado el objetivo futuro, pese a que en otras categorías la dificultad de alcanzarlo se da, principalmente, por la existencia de flujos paralelos independientes de los productores. Así por ejemplo, los aparatos de alumbrado son los que tienen el índice de recogida más alto. El aumento del mínimo a gestionar exigirá un esfuerzo de administraciones y administrados en la eficacia de los mecanismos de inspección y control para impedir prácticas agravadas por la crisis, como robos en contenedores o flujos ilegales.

Los SIG o SRAP (Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor) funcionan como una plataforma de colaboración entre productores, distribuidores, gestores, administraciones y usuarios, y realizan la recogida selectiva, la valorización y el reciclaje de los residuos. Cerca de 2.000 empresas productoras (que ponen el producto en el mercado español) de aparatos eléctricos y electrónicos están adheridas a los SIG.

Contra el negocio ilegal de los residuos

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha iniciado en la Comunitat Valenciana un plan piloto para combatir la proliferación de “campas” de acopio de materiales metálicos. Junto con Madrid y Andalucía, estas son las tres comunidades que cuentan con más instalaciones de este tipo. Se trata de chatarrerías sin autorización que, además de incumplir cualquier normativa medioambiental, se nutren de materiales de dudosa procedencia, alimentandoLogo FER el robo y el mercado negro de metales como el cobre o el aluminio.

Los expertos de la FER han desarrollado durante
los tres últimos meses una batida por las tres provincias valencianas en las que han contabilizado cerca de 200 plantas ilegales que gestionan residuos reciclables; o bien cuentan únicamente con autorización “para transportar residuos inertes en una furgoneta y lo aprovechan para almacenar y procesar residuos peligrosos”.

Fuente: Las Provincias


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